El crecimiento de la deuda pública

El Banco de España nos alerta de que el saldo de la deuda de las Administraciones Públicas españolas, medido según el Protocolo de Déficit Excesivo, superó el billón de euros a finales del pasado mes de junio. No es algo que haya sucedido repentinamente, sino el resultado de acumular el desequilibrio de las cuentas públicas de los últimos ocho años. Tampoco parece que estemos cerca de revertir el insostenible crecimiento de la deuda de las Administraciones. El problema es que en algún momento habrá que empezar a devolverla, salvo que España quiera seguir el ejemplo de Argentina. Entretanto, el gasto por intereses exige una proporción de gasto público cada vez mayor y hace más difícil y doloroso el inevitable ajuste presupuestario que hasta ahora se ha querido evitar.

Pero el déficit y la deuda de las Administraciones Públicas no solo tiene consecuencias sobre el presupuesto público: influye –y mucho- en el acceso de las empresas al crédito y en el coste del mismo.

Os dejo aquí algunas cifras que invitan a considerar el déficit y la deuda desde otra perspectiva:

  • El pasado mes de junio, la deuda de las Administraciones Públicas prácticamente alcanzó el saldo de la deuda total de las empresas no financieras residentes en España (ver gráfico)
  • En los últimos 30 meses la deuda de las Administraciones Públicas creció en 283.473 millones de euros. En el mismo período, la financiación a las empresas no financieras se redujo en 219.107 millones de euros.

Alguno pensará que lo mismo da que la deuda sea de los gobiernos o de las empresas. Pero no da lo mismo porque la contrapartida de la deuda de unos y otros no es la misma. La deuda pública financia fundamentalmente gasto corriente, mientras que la de las empresas financia fundamentalmente inversión.

Y, por si alguien lo ha olvidado, el empleo lo crean esas empresas cuya financiación se ha reducido en dos años y medio en una cifra equivalente al 20% del PIB.

 

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Recortes (II): ¿qué Administraciones Públicas han recortado más?

En el post anterior quedaba claro que el gasto del conjunto de las Administraciones Públicas (AAPP) españolas no ha sufrido recorte alguno en el período 2007-2012. Tampoco ninguna de sus grandes partidas, con la excepción de las inversiones si descontamos el impacto de las ayudas al sistema financiero (que más que compensan la caída del gasto destinado infraestructuras). No solo no se ha producido tal ajuste, sino que el gasto agregado de las AAPP ha crecido en más de 80 mil millones de euros (casi un 20 por ciento) desde el inicio de la crisis, en contraste con los sacrificios que han afrontado empresas y familias. Además, la mayor parte de este aumento se debe al gasto corriente (es decir, excluida la inversión), que se ha incrementado en algo más de 74 mil millones de euros. Cabe preguntarse, entonces, cómo ha evolucionado el gasto de las diferentes Administraciones (quiénes han realizado el gasto) y de las políticas públicas a las que se ha destinado (para qué se ha gastado)

Empecemos por quienes realizan el gasto. Para esto analizaremos la evolución entre 2007 y 2012 del gasto corriente de los diferentes subsectores del Sector Público (Administración Central del Estado, Administraciones de la Seguridad Social, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales -ayuntamientos, diputaciones y cabildos y consejos insulares-), excluyendo las transferencias a otras AAPP. Si obviamos el gasto en inversiones no es porque carezca de importancia, sino porque poner el foco en el gasto corriente nos da una idea más precisa del esfuerzo de las diferentes Administraciones por contener el crecimiento del gasto y nos aproxima mejor a la magnitud de los polémicos recortes, si es que éstos se han producido en algún sitio. Sustraemos, asimismo, el gasto en transferencias corrientes a otras Administraciones para evitar su doble contabilización (las transferencias de la Administración Central del Estado a las Comunidades Autónomas constituyen a su vez para éstas un ingreso y un gasto final; y así ocurre con todas las transferencias entre subsectores de las AAPP).

Así se reparte el gasto

En el Gráfico 1 se observa el reparto de todo el gasto corriente de las AAPP en 2012: la Seguridad Social (SS) acaparó el 36 por ciento del gasto corriente; Las Comunidades Autónomas gestionaron el 32 por ciento; seguidas de la Administración Central del Estado con un 21 por ciento; y, finalmente, las Corporaciones Locales que gastaron el 11 por ciento del gasto corriente total. Lo cierto es que estas proporciones se han mantenido con algunas pequeñas variaciones desde la última remesa de competencias transferidas desde el Estado a las CCAA a comienzos de la primera década del siglo.

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Las Administraciones Públicas gastan más que al comienzo de la crisis

Todos los subsectores de las Administraciones Públicas han aumentado, en mayor o menor medida, el gasto corriente durante la crisis, al contrario de lo que ha ocurrido con las empresas y las familias que, con sus impuestos, sufragan el funcionamiento de las primeras. En el Gráfico 2 se puede ver el crecimiento del gasto en cada uno de los subsectores entre 2007 y 2012, mientras que en el Gráfico 3 se aprecia la contribución de cada nivel administrativo al crecimiento total del gasto corriente de las AAPP.

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De estos datos se desprende que el gasto que más sube es el de la Seguridad Social. Su aumento, en un 35 por ciento, se debe a la evolución del gasto en las pensiones (crece el número de pensionistas y, además, quienes han adquirido en los últimos años tal condición cobran una pensión media mayor). Y es, precisamente, la Seguridad Social la responsable de algo más de la mitad (un 53 por ciento) de todo el incremento del gasto corriente en este lustro. Le sigue la Administración Central del Estado con un crecimiento del 24 por ciento por el aumento de las partidas para la protección a los desempleados y a los intereses de la deuda. El tercer lugar lo ocupan las Comunidades Autónomas: su gasto corriente fue en 2012 un 12 por ciento superior al que realizaron en 2007. Finalmente, las administraciones que más han contenido el gasto son las Corporaciones Locales con un crecimiento del 8 por ciento.

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En definitiva, en 2012 el gasto corriente de las Administraciones Públicas fue, en su conjunto, superior al realizado en 2007 en algo más de 74 mil millones de euros; y, todos sus subsectores han contribuido a este incremento. Dicho de otra forma: todos los niveles de las Administraciones Públicas gastan hoy mucho más que antes del comienzo de la crisis, cuando supuestamente España nadaba en la abundancia y sus AAPP podían gastar sinfín, o al menos esa era la idea del Gobierno de la Nación, expresada solemnemente por uno de sus miembros: “el dinero público no es de nadie”.

Hay que seguir buscando, por tanto, los recortes no identificados (RNI). En el post anterior y en este, hemos indagado sobre los recortes en el gasto atendiendo a su clasificación económica y orgánica, respectivamente (el “ en qué” y el “quién”). En el próximo post, proseguiremos la búsqueda en su clasificación funcional, es decir, en la evolución del gasto en las diferentes políticas públicas (el “para qué”).

Se agradece la visita del distinguido lector así como sus valiosos comentarios

NOTAS:

(1) Todos los datos utilizados son publicados por la Intervención General de la Administración del Estado y se pueden consultar en este link.

(2) Pese a la riqueza de la información que proporciona al público la Intervención General de la Administración del Estado, carezco de todas las referencias necesarias para llevar a cabo una “desconsolidación” precisa del gasto final realizado por cada uno de los diferentes subsectores de las AAPP. Por ello, al llevar a cabo el ejercicio de restar las “Transferencias corrientes entre Administraciones” a los “Empleos corrientes”, a efectos de calcular el “gasto corriente excluidas las transferencia entre AAPP” objeto de análisis, se comete un inferior al 1% en todos los ejercicios analizados, que considero poco relevante. Por último, como referencia de gasto he considerado los “empleos” de acuerdo con la metodología del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE).