El crecimiento de la deuda pública

El Banco de España nos alerta de que el saldo de la deuda de las Administraciones Públicas españolas, medido según el Protocolo de Déficit Excesivo, superó el billón de euros a finales del pasado mes de junio. No es algo que haya sucedido repentinamente, sino el resultado de acumular el desequilibrio de las cuentas públicas de los últimos ocho años. Tampoco parece que estemos cerca de revertir el insostenible crecimiento de la deuda de las Administraciones. El problema es que en algún momento habrá que empezar a devolverla, salvo que España quiera seguir el ejemplo de Argentina. Entretanto, el gasto por intereses exige una proporción de gasto público cada vez mayor y hace más difícil y doloroso el inevitable ajuste presupuestario que hasta ahora se ha querido evitar.

Pero el déficit y la deuda de las Administraciones Públicas no solo tiene consecuencias sobre el presupuesto público: influye –y mucho- en el acceso de las empresas al crédito y en el coste del mismo.

Os dejo aquí algunas cifras que invitan a considerar el déficit y la deuda desde otra perspectiva:

  • El pasado mes de junio, la deuda de las Administraciones Públicas prácticamente alcanzó el saldo de la deuda total de las empresas no financieras residentes en España (ver gráfico)
  • En los últimos 30 meses la deuda de las Administraciones Públicas creció en 283.473 millones de euros. En el mismo período, la financiación a las empresas no financieras se redujo en 219.107 millones de euros.

Alguno pensará que lo mismo da que la deuda sea de los gobiernos o de las empresas. Pero no da lo mismo porque la contrapartida de la deuda de unos y otros no es la misma. La deuda pública financia fundamentalmente gasto corriente, mientras que la de las empresas financia fundamentalmente inversión.

Y, por si alguien lo ha olvidado, el empleo lo crean esas empresas cuya financiación se ha reducido en dos años y medio en una cifra equivalente al 20% del PIB.

 

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Recortes

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Mucho se habla de los recortes en España. Quienes tienen responsabilidades de gobierno atribuyen su conveniencia a la necesidad de equilibrar las cuentas públicas. Quienes están en la oposición critican la reducción del gasto y su supuesto impacto sobre la calidad de los servicios públicos. Los diferentes stakeholers que se sienten afectados denuncian sus consecuencias (invocando siempre el nombre de un tercero supuestamente perjudicado). Los analistas, que salen por doquier, reclaman moderación en el proceso de ajuste, no vaya a ser que se obstaculice la salida de la crisis. Y los medios de comunicación, por su parte, se hacen eco de los discursos de unos y otros y, de vez en cuando, intercalan con mayor o menor rigor su propio punto de vista, casi siempre crítico con la “austeridad”.

Lo sorprendente es que no se han producido tales recortes. De hecho, el gasto del conjunto de las Administraciones Públicas es hoy mayor que antes de que comenzara la crisis, cuando supuestamente nadábamos en la abundancia, el estado de ánimo reinante era que había dinero público para todo y las Administraciones Públicas gastaban a satisfacción de quienes hoy alzan su voz contra los recortes. Lo cierto es que el gasto consolidado de las Administraciones Públicas en el año 2012 ascendió, de acuerdo con los datos proporcionados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a 493.685 millones de euros, lo que supone un aumento de 80.731 millones de euros respecto a 2007. Dicho incremento se explica fundamentalmente por el crecimiento del gasto corriente (74.012 millones de euros) y en menor medida por el incremento de las inversiones (6.719 millones de euros). Aquí es necesario puntualizar que la cifra de inversiones (lo que en la Contabilidad Nacional se denomina “empleos de capital”) incluye 38.343 millones de euros de ayudas a instituciones financieras: sin éstas, el gasto en inversiones se habría reducido de manera significativa en dicho período.

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Este colosal crecimiento del gasto público no se explica únicamente por la evolución del gasto en políticas como las prestaciones por desempleo, que se activan automáticamente en situaciones de crisis económica y de fuerte destrucción de empleo como la que hemos vivido en los últimos años. Este rubro se ha duplicado entre 2007 y 2012, al pasar de 15 mil a 30 mil millones de euros; pero esos 15 mil millones de diferencia apenas explican el 19% del incremento que ha experimentado el gasto de las Administraciones Públicas desde el inicio de la crisis. De hecho, todas las grandes partidas presupuestarias, con la excepción de las “subvenciones” y de la “cooperación internacional”, han aumentado en el período 2007-2012:

–       El gasto en “remuneración de asalariados” al servicio del sector público ha crecido en 8.252 millones de euros.

–       A los “consumos intermedios” (partida que recoge fundamentalmente el gasto corriente de las administraciones en bienes y servicios) se han destinado 4.044 millones más.

–       El vertiginoso crecimiento de la deuda, provocado por el desequilibrio presupuestario sostenido a lo largo del período, ha supuesto que tengamos que dedicar 14.391 millones de euros más a pagar intereses.

–       Finalmente, el gasto en prestaciones y transferencias sociales (donde se incluyen las mencionadas prestaciones a los desempleados) se ha incrementado en 48.462 millones de euros

Las únicas partidas que han experimentado el tan traído “ajuste” son las subvenciones y la cooperación internacional, pero el gasto en ambos conceptos se mantienen en niveles históricamente altos: 10.060 y 1.221 millones de euros respectivamente. Así, por ejemplo, en los años 2004 a 2006, en plena bonanza económica, se destinó un presupuesto significativamente inferior al de 2.012 al reparto de subvenciones; y seguimos gastando más en cooperación internacional que en el año 2005.

Descontando, incluso, el impacto del incremento del gasto en desempleo y en el pago de intereses de la deuda pública (unos 30 mil millones de euros), el gasto conjunto de las Administraciones Públicas ha crecido desde 2.007 en algo más de 50 mil millones de euros.

En resumen, el gasto público ha crecido un 19,5% entre 2007 y 2012, lo que supone un crecimiento medio anual acumulativo del 3,64%; y como consecuencia de ello, el peso del gasto público sobre el PIB ha aumentado casi 8 puntos porcentuales, desde el 39,21 hasta alcanzar el 47,04 por ciento en el último ejercicio, el nivel de gasto público más elevado de nuestra historia. 

gasto AAPP en % PIB