El peligroso crecimiento de la deuda pública

Según el Banco de España la deuda de las Administraciones Públicas alcanzó el pasado mes de noviembre la cifra de 952.014 millones de euros. Eso son 119.717 millones de euros más que en el mismo mes del año anterior. En los últimos seis años, desde noviembre de 2007, la deuda pública ha crecido nada menos que 569.417 millones de euros, a una media de 94.903 millones de euros cada año. Es lo que tiene postergar la corrección del déficit público. Se intenta evitar la reducción del gasto público para salvaguardar las políticas sociales y se termina dedicando una parte cada vez más importante del presupuesto público a pagar los intereses de la deuda adquirida, o sea, al más estéril de los destinos del gasto público. Por el camino se suben los impuestos, con la consiguiente merma de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos a quienes se quiere evitar el mal trago de los recortes. Y por si fuera poco, el endeudamiento sin límite de las Administraciones Públicas restringe severamente la capacidad de financiación de las empresas y por tanto de la inversión y del empleo, lo que contribuye a aumentar aún más el gasto por desempleo y a reducir los ingresos procedentes de los impuestos y de las cotizaciones a la Seguridad Social.

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Recortes (III): ¿en qué políticas públicas se ha producido un mayor recorte?

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En dos post previos veíamos la evolución del gasto de las Administraciones Públicas (AA.PP.) desde el comienzo de la crisis, según su clasificación económica (en qué se ha gastado) y orgánica (quién lo ha gastado). Ahora nos detendremos en su clasificación funcional, que nos indica a qué políticas públicas se ha destinado el dinero de todos; es decir, para qué se ha gastado.

Continuamos indagando dónde han recaído los recortes que tanto debate han suscitado en los últimos tiempos; y qué políticas se han visto perjudicadas por la necesidad de equilibrar el presupuesto de las Administraciones Públicas. Y, volvemos a tomar a 2007 como punto de partida, año que marcó el final de una era de bonanza económica y de alegría en el gasto público. Para este análisis, sin embargo, solo disponemos de datos hasta 2011, último ejercicio para el que la Intervención General de la Administración del Estado ha publicado las cuentas de las AA.PP desde la perspectiva funcional en base a la Contabilidad Nacional.

A qué se destina el dinero público

Antes de abordar la evolución del gasto público, merece la pena prestar atención a la “foto fija” del reparto en el último ejercicio del período en estudio. De esta forma nos haremos una idea respecto a qué dedica nuestro dinero el conjunto de las Administraciones Públicas. Del Gráfico 1 podemos concluir lo siguiente:

– El 37 por ciento de todo el gasto público va dirigido a la “protección social”, que comprende, básicamente, las pensiones y las prestaciones para los desempleados; y, otros grupos, como personas con alguna discapacidad o dependientes, que reciben la solidaridad del resto de los españoles.

– En segundo puesto se ubica la “sanidad”, con un 14%. Le sigue el gasto destinado al mantenimiento de los “servicios generales de las Administraciones Públicas” (13%). En este rubro se incluye el pago de los intereses de la deuda adquirida para financiar el desequilibrio de las cuentas de las AA.PP., partida que es, precisamente, la que más ha crecido como consecuencia del gigantesco déficit público sostenido a lo largo de los últimos años.

– El 12 por ciento del gasto es para “asuntos económicos”. Bajo este título se recoge, por ejemplo, una parte muy importante de la inversión pública en infraestructuras, así como las transferencias de fondos a otros agentes económicos, tanto para financiar sus gastos corrientes como sus inversiones (fundamentalmente subvenciones, aunque aquí no se incluyan todas las otorgadas por las AA.PP. a terceros).

– “Educación” acapara el 11 por ciento del gasto total; y el 14% restante se reparte entre el resto de las funciones.

Gráfico 1

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¿Y dónde están los recortes?

Entre 2007 y 2011, el gasto público del conjunto de las Administraciones Públicas creció en 67.119 millones de euros. Es decir,  16% (Tabla 1). Si obviamos el impacto del gasto en intereses de la deuda pública, que explica casi en su totalidad el aumento del coste de mantenimiento de los “servicios generales de las AA.PP”., las políticas que más han contribuido al incremento del gasto son, por este orden, la protección social, la sanidad y la educación. Estos tres apartados, que conforman el núcleo de lo que se ha dado en llamar “Estado de Bienestar” (y que se encuentran en el centro del debate sobre los recortes), explican el 80 por ciento del crecimiento del gasto en el período analizado.

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El aumento del rubro “protección social” se debe fundamentalmente, como hemos comentado, a la evolución del gasto en pensiones; mientras que en “sanidad” y en “educación” se produce, en buena medida, por el mayor gasto en remuneraciones a los asalariados públicos que prestan estos servicios y que constituyen su recurso fundamental (Gráfico 2)

Gráfico 2

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Casi el 14% se debe al estéril pago de intereses, consecuencia del sostenimiento de un elevado déficit público. Y, finalmente, el resto de las políticas exigieron 4.296 millones de euros más en 2011 que en 2007, lo que representa un poco más de un 6 por ciento del aumento total del gasto público en el período.

Se mire por donde se mire, no puede decirse que se hayan producido los tan contestados recortes; ni que las AA.PP hayan llevado a cabo el esfuerzo de austeridad que proclaman, porque gastan mucho más que al comienzo de la crisis. Y en eso las AA.PP se distinguen y se distancian de los ciudadanos a los que sirven y que con sus impuestos presentes y futuros están obligados a pagar la factura.

NOTA: la fuente de todos los datos utilizados son las cuentas de las AA.PP en base a la Contabilidad Nacional publicados por la Intervención General de la Administración del Estado, que se pueden encontrar en el link del segundo párrafo. Las cifras de gasto corresponden a los “empleos no financieros” elaborados de acuerdo con la metodología del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE).