MENOS Y MEJOR GOBIERNO (*)

Se nos invita a todos los participantes en este curso a repensar la política para generar confianza; y a quienes tenemos el placer de compartir esta sesión con todos ustedes, a hacer este ejercicio desde la perspectiva de la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública.

En esta propuesta subyace un diagnóstico: la política, que no es sino el liderazgo en el manejo de los asuntos públicos, ha perdido -merecidamente o no- la confianza de los ciudadanos. Si este diagnóstico es certero –y yo creo que en alguna medida lo es- la pregunta relevante es cómo recuperar la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos.

¿Qué es lo primero que tenemos que dar cuando pedimos confianza?: reciprocidad. Difícilmente podemos merecer la confianza de alguien si no somos capaces de corresponder. Por tanto, el primer paso es preguntarnos si los gobiernos demuestran confianza ante la sociedad. Debemos preguntarnos si los gobiernos demuestran con sus actos que confían en la sociedad cuya confianza quieren ganar.

¿Se refleja esta confianza en el tamaño de los gobiernos?. Decía Margaret Thatcher, en su célebre discurso del Congreso del Partido Conservador en Brighton, que “cuando el Estado se hace demasiado poderoso, la gente piensa que cada vez cuenta menos” y añadía, en referencia a la acción política de su gobierno: “nuestro objetivo es permitir que la gente sienta que cuenta cada vez más” y que “si no podemos confiar en los más profundos instintos de nuestro pueblo, no debemos estar en política”. Buena reflexión: sin confiar ni siquiera se merece liderar.

¿Es la relación de los gobiernos con los ciudadanos realmente una relación de servicio? Los gobiernos proclaman servir a los ciudadanos, pero ello exige desterrar la fatal arrogancia contra la que nos prevenía Hayek al analizar las desastrosas consecuencias del Socialismo. Ser el “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” al que se refería Lincoln en su Discurso de Gettysburg, exige algo más que ser elegido en la urnas: exige grandes dosis de humildad.

¿Hay rendición de cuentas? La confianza no es un cheque en blanco; su renovación exige rendir cuentas sobre lo que se ha hecho con esa confianza. Una rendición de cuentas transparente es alimento para el espíritu crítico de los ciudadanos; y su crítica, el mejor estímulo posible para que los gobiernos hagan las cosas mejor y también para propiciar la necesaria asunción de responsabilidades.

Humildad y austeridad

Mi respuesta a la sugerente pregunta que plantean Antonio Luis Martínez-Pujalte y Pablo Casado es, que para recuperar la confianza de la sociedad, necesitamos menos y mejor gobierno: gobiernos humildes, austeros y que demuestren confianza en aquellos a quienes prestan sus servicios.

Un primer ejercicio de humildad es tener siempre presente que la prestación de cualquier servicio público requiere la detracción coactiva de su dinero a los contribuyentes mediante la exigencia de impuestos; y de que esto entraña un ejercicio de autoridad que restringe la libertad individual, porque nadie ofrece a los ciudadanos que elijan la cartera de servicios públicos a los que cada uno quiera tener acceso, ni se les brinda la oportunidad de ajustar su factura fiscal a la financiación de los servicios concretos que cada uno prefiera.

En cada decisión de gasto público subyace la presunción de que los gobiernos son capaces de decidir mejor que los ciudadanos sobre el destino que debe darse a su dinero. Este ejercicio de autoridad y de restricción de la libertad individual puede estar justificado: para sostener tareas que los gobiernos no pueden eludir ni delegar, como proteger la libertad y la integridad de las personas y sus bienes; para financiar y satisfacer las necesidades esenciales e indispensables de la comunidad vecinal para la vida en sociedad, como son la mayoría de los servicios públicos básicos que prestan los ayuntamientos; y para garantizar el acceso de todos los ciudadanos, en condiciones de equidad e igualdad, a determinados servicios públicos que consideramos imprescindibles para vertebrar y cohesionar la sociedad, como la Sanidad, la Educación o la protección a los más desfavorecidos.

Pero ese pacto social de convivencia no ampara cualquier intervención pública. De hecho, muchos programas de gasto público, cuyos objetivos pueden parecer muy loables a priori, difícilmente podrían superar la prueba del algodón: enfrentar a los contribuyentes a la pregunta de si prefieren pagar más impuestos para disfrutar de tal servicio o prefieren quedarse el dinero y decidir ellos mismos.

Por otra parte, el hecho de que los gobiernos asuman el papel de garantes del acceso de los ciudadanos a determinados servicios públicos, de ningún modo les legitima a sustituir y excluir a la sociedad en la prestación de dichos servicios; máxime si tenemos en cuenta que generalmente el sector privado es capaz de hacerlo de forma mucho más eficiente.

Menos y mejores normas

En esta misma línea de recuperar la confianza de la gente mediante la demostración de confianza, los gobiernos y los parlamentos deberían revisar su actividad normativa, en tres sentidos:

1. Menos normas y de más calidad, siguiendo el principio de mínima intervención. El exceso de regulación es el más claro síntoma de desconfianza en la sociedad; y sin duda en España hay “hiper-regulación”

2. Presunción de buena fe del administrado, lo que tendría que conducir a la supresión o a la reducción a la mínima expresión de las autorizaciones administrativas previas, sin perjuicio de la correspondiente exigencia de responsabilidad ante el incumplimiento de las normas.

3. Y a la recuperación de la unidad de mercado: ante la dispersión normativa, creo que el mejor remedio es que ciudadanos y empresas puedan acogerse a la normativa municipal o autonómica que más les convenga, la de su municipio o comunidad de origen o la de aquella otra en la que quiera realizar una actividad. Sería algo así como aplicar la cláusula de nación más favorecida, por tomar un símil del comercio exterior.

Libertad de elección

¿Qué más podemos hacer para que la gente sienta que “cuenta cada vez más”? Libertad de elección. Unos servicios públicos realmente orientados al ciudadano sólo son posibles cuando éstos tienen libertad de elección. La libertad de elección es, en si misma, una mejora de la calidad (elegir es siempre mejor que no poder hacerlo); pero también es, cuando va ligada a la competencia, el mejor control de calidad de los servicios posible.

La libertad de elección informada (es decir, con acceso a información veraz y relevante sobre el desempeño de los servicios) y la competencia son el mejor estímulo la mejora permanente de la calidad de la gestión pública. Las decisiones de los usuarios de los servicios, en el ejercicio de su libertad de elección, constituyen el mejor indicador de sus preferencias; y, por tanto, el mejor observatorio del funcionamiento de los servicios públicos.

La libertad de elección puede ser, además, un atenuante de la pérdida de libertad individual que conlleva la financiación coactiva y obligatoria de los servicios públicos.

Por último, la libertad de elección mejora la equidad en el acceso a los servicios públicos, ya que son los ciudadanos con menos recursos quienes tienen menos alternativas cuando los servicios públicos no responden adecuadamente a sus necesidades. Cuando no hay libertad de elección, sólo aquellos con mayores posibilidades pueden permitirse prescindir de los servicios públicos que no funcionan.

En el año 2010 promoví, no sin duras críticas de mis adversarios políticos, la libertad de elección de hospital y médico en la atención sanitaria especializada; y de centro de salud, médico y enfermera en atención primaria. Mis adversarios me decían que la salud era algo demasiado importante como para dejar elegir a la gente. Para mi, la importancia de la sanidad era la principal razón para que la gente pudiera elegir. La perspectiva del tiempo nos permite comprobar que los vaticinios de caos no se han cumplido y que es bueno que la gente elija lo que crea que le conviene. Fue una buena decisión de gestión y, sobretodo, tiene un fundamento político y moral incuestionable. Creo que la experiencia de la Sanidad de la Comunidad de Madrid debería ser fuente de inspiración para extender ampliamente el principio de Libertad de Elección hasta sus últimas consecuencias en otros muchos ámbitos administrativos.

Competencia

La libertad de elección está indisolublemente ligada a la competencia. Sin la existencia de una pluralidad de prestadores de servicios públicos que compitan entre sí por ofrecer la mejor atención a los usuarios, difícilmente se puede ejercer la libertad de elección.

La intervención de los gobiernos para garantizar que todos los
ciudadanos puedan acceder en condiciones de equidad y de igualdad a
servicios que tienen por objeto satisfacer necesidades privadas, como la
Sanidad o la Educación, no puede suponer el sacrificio de la libertad de
elección ni la renuncia a los beneficios inherentes a la libre competencia.

La competencia contribuye a asignar de forma más eficiente los
recursos y a mejorar la calidad de los servicios que los ciudadanos
sostienen con sus impuestos. La ausencia de competencia promueve la
ineficiencia, amplifica los costes y tiende a deteriorar los servicios.

Transparencia y responsabilidad

Disponer de información transparente es un requisito previo e ineludible
para que los ciudadanos puedan ejercer plenamente y sin limitaciones la
libertad de elección.

Hay que abrir los servicios públicos a los usuarios y ofrecer a todos los
ciudadanos información clara y veraz de cómo se gestionan, qué se
gasta, cómo se gasta y qué beneficios les reportan. Una información
permanente y en lenguaje comprensible es esencial.
Un buen ejemplo de cómo medir la calidad de los servicios públicos por
los resultados, lo tenemos en la prueba de conocimientos que se realiza
todos los años a los niños de 6º de primaria con el fin de evaluar su
aprendizaje. Cuando la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid implantó dicha prueba, la izquierda política y sindical se rasgó las vestiduras. Era demasiado evidente que la prueba no solo evidenciaría los conocimientos de los alumnos, sino también el desempeño de los profesores. En los primeros años, hubo colegios –no muchos pero alguno- cuyas asociaciones de padres de alumnos, jaleados por los sindicatos de la enseñanza, se negaron a la realización de la prueba. La publicación de un ranking de colegios fue un autentico terremoto en la educación madrileña: todos los colegios, públicos, concertados y privados, aparecían retratados por los resultados de sus alumnos. Visto con perspectiva, son muy pocos los que dudan que este ejercicio ha traído consigo no solo una transparencia a la que tienen derecho los contribuyentes que pagan la educación con sus impuestos, sino también una mejora significativa de los resultados de la prueba que revelan claramente una importante mejora de la calidad de la educación en la Comunidad de Madrid en un tiempo record.

En España, la actuación de las AAPP está sometida a exhaustivos controles formales y de legalidad, pero no existe una cultura de medición del cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de la calidad de los servicios públicos; ni se suelen poner en relación los recursos empleados y los resultados obtenidos; ni, desde luego, esta información se presenta de forma comprensible y accesible a la opinión pública.

Por último, la transparencia es una forma de promover y alentar el espíritu crítico de los ciudadanos. Hoy precisamente se ha anunciado la publicación de las balanzas fiscales regionales. Creo que lo que realmente tendría sentido es proporcionar a los ciudadanos información sobre sus balanzas fiscales personales, que reflejara, al menos de forma estimativa, cuánto pagan y que reciben a cambio por los impuestos que pagan. Me parece un ejercicio de transparencia mucho más saludable que las tan traídas balanzas fiscales entre Comunidades Autónomas. A fin de cuentas los impuestos los pagamos los contribuyentes y no las regiones.

Conclusión

El ejercicio de repensar la política y la intervención de lo público en la sociedad no puede ni debe quedarse en lo superficial o gestual. La crisis ha sido una oportunidad perdida por los gobiernos para tratar de ponerse a la altura de los ciudadanos a los que tienen que servir. De hecho, si se analiza lo que han hecho los gobiernos y lo que ha hecho la sociedad para sobrevivir a la crisis, se puede llegar fácilmente a la conclusión de que han hecho exactamente lo contrario: donde el sector privado se ha comportado con prudencia y austeridad, el sector público ha aumentado el gasto (y no solo el gasto provocado por los llamados estabilizadores automáticos); donde las familias y empresas han reducido su deuda, los gobiernos la han aumentado; donde la sociedad ha hecho exhibición de discreción y ejemplaridad, los gobiernos (y por gobiernos ya habrán comprendido ustedes que no me refiero solo a quienes ostentan temporalmente las más altas responsabilidades, sino a toda la función pública) se rasgan las vestiduras por la escasez de recursos y endosan la factura a los ciudadanos mediante subidas de impuestos. La crisis afortunadamente está quedando atrás y de ella no cabe esperar ya ni el consuelo de un impulso reformista. Pero quizá la incipiente recuperación nos invite a empezar a revisar errores y a soltar lastre para poder andar a zancadas. Y hoy, el principal lastre de España es el gigantismo y el deficiente desempeño de sus Administraciones Públicas.

Recuperar la confianza pasa por merecerla; y para merecerla, los gobiernos deben revisar radicalmente su intervención en la sociedad.

(*) Notas para mi intervención en el Curso de Verano “Repensar la política para generar confianza”, en la mesa redonda “transparencia y responsabilidad en la gestión pública” celebrado el 21 de julio en San Lorenzo de El Escorial.

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