El gasto sanitario público por habitante en España

El joven y activo tuitero Arturo Villa ( @ArturoGVilla ) se interesa por el gasto sanitario público por habitante y su comparación con el coste de un seguro privado de cobertura equivalente. Para ayudarle a encontrar la respuesta a su pregunta debo aclararle antes algunas cuestiones relativas a nuestro Sistema Nacional de Salud.

Primera. No es fácil trazar una línea de separación entre lo que suele entenderse como sanidad pública y privada. En realidad, nuestro Sistema Sanitario se ha construido sobre una amplia diversidad de formas de colaboración público privada, donde conviven el aseguramiento público con el privado y la prestación del servicio sanitario a través de medios propios de las diferentes administraciones con el recurso a servicios gestionados por organizaciones privadas. Todas estas modalidades de tienen en común que están sufragadas con cargo a los impuestos generales. Al ser ésta la fuente de financiación, pagan más quienes más ganan (dada la naturaleza progresiva de nuestro sistema fiscal), pero todos los ciudadanos “protegidos” (es decir, con derecho a la sanidad, que no incluye a todos) tenemos o deberíamos tener acceso a la atención sanitaria en igualdad de condiciones (salvo en el acceso a la prestación farmacéutica, donde recientemente se establecieron diferencias entre los ciudadanos dependiendo de su nivel de renta, adicionales a las que ya existían en virtud de la condición de activo o jubilado y de enfermo crónico o no, entre otras).

Así, por ejemplo, los funcionarios de la Administración General del Estado, sus cónyuges y los descendientes a su cargo, están cubiertos por diversas formas de mutualismo administrativo. Dichas mutualidades pagan el coste de la prima de un seguro privado por cuenta de los funcionarios mutualistas. Éstos pueden elegir periódicamente entre varias compañías se seguros privadas o bien pueden decidir disfrutar de la cobertura de su correspondiente servicio regional de salud. En su mayoría escogen la primera opción. Para más información sobre este particular se puede consultar la Memoria de la MUFACE.

Al resto de los ciudadanos no se nos ofrece la oportunidad de elegir y, siempre que tengamos derecho a la sanidad pública, gozamos de la cobertura de los diferentes servicios sanitarios regionales. Es lo que vulgarmente se conoce como la “Seguridad Social”, pese a que desde que se produjo la separación de fuentes de financiación entre la sanidad y las pensiones, hace más de una década, la prestación sanitaria no se financia con cargo a las cotizaciones sociales. Incluso dentro de lo que continúa denominándose de manera errónea “seguridad social”, se produce una intensa colaboración entre las administraciones sanitarias y la sociedad para la provisión del servicio sanitario, que existe desde siempre y que se ha intensificado en todas las Comunidades Autónomas (CC.AA) a lo largo de los últimos años, con independencia del color del partido político que gobierne. Esta colaboración público-privada se practica bajo una multiplicidad de modalidades de dispar forma jurídica y alcance. Van desde la concesión de la gestión de la prestación sanitaria a la población que reside en un ámbito geográfico determinado (es el caso del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe en Sevilla, del Hospital San Joan de Deu en Barcelona o de la Fundación Jimenez Díaz en Madrid) al recurso al sector privado para aligerar las listas de espera en el diagnóstico o la cirugía. En el siguiente cuadro, de elaboración propia, resumo una propuesta de clasificación de los diferentes tipos de colaboración público privada según si el sector público transfiere o no riesgo al sector privado.

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No hay ningún ámbito de la sanidad pública donde no se recurra de forma constante al sector privado. Pensemos, por ejemplo, en los hospitales gestionados directamente por las Administraciones Públicas: cerca de la mitad de su presupuesto se destina a retribuir a las empresas proveedoras de productos farmacéuticos y sanitarios, tecnología, suministros, etc.; y, desde hace muchos años, la mayor parte de los servicios no sanitarios (limpieza, desinfección, seguridad, transporte externo e interno, cocina, etc) están “externalizados”.

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Segundo. Como cifra de referencia de gasto sanitario público per cápita, me inclino por considerar, a los efectos de la duda que se plantea el Sr. Villa, el “Gasto sanitario público territorializado por habitante protegido”, que se refiere al gasto realizado por los diferentes servicios sanitarios regionales para atender las necesidades de la mayor parte de la población con derecho a sanidad pública (todos excepto los funcionarios cubiertos por el mutualismo administrativo que eligen un seguro privado sufragado con recursos públicos y algún otro colectivo como los miembros de la Asociación de la Prensa de Madrid que gozan de un régimen singular de doble cobertura financiada con los impuestos que pagamos el conjunto de los ciudadanos). En el ejercicio 2011, éste alcanzó los 1.380,9 euros, según la última actualización de los Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud publicada por el Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales

Tercero. La cifra anterior es una media ponderada (por el número de habitantes protegidos) de los diecisiete servicios sanitarios regionales que no puede llevarnos a ignorar las grandes diferencias que existen en el gasto público sanitario territorializado por habitante entre las CC.AA. Así por ejemplo, la diferencia entre la Comunidad que gastó más por habitante y la que menos, en 2011, fue de un 41 por ciento. Este aspecto debe ser tomado en consideración a efectos de resolver la duda que se plantea el inquieto Sr. Villa.

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Cuarto. El Sr. Villa no necesita hacer un estudio de mercado y analizar los precios de las diferentes compañías de seguros para cotejar el coste del aseguramiento público con el de un aseguramiento privado de equivalentes prestaciones. Ni siquiera tiene que salir del perímetro de lo que denominamos sanidad pública para hacer dicha comparación. Como he explicado en el apartado primero de este post, dentro de la propia sanidad pública hay un amplio grupo de la población protegida (los beneficiarios de las mutualidades administrativas) que ya está cubierto por pólizas privadas de precio conocido y comparable con el correspondiente a cada servicio regional de salud. Sí debe tenerse en cuenta, a efectos de este ejercicio, el diferente alcance de la prestación farmacéutica, por lo que recomiendo excluirla del análisis.

Confío en haber ayudado al Sr. Villa y en que este post le anime a seguir profundizando en la cuestión, sin olvidar, en ningún momento que si quiere llegar a algo aproximado a “la verdad” debe despojarse de cualquier apriorismo.

IN GOD WE TRUST. ALL OTHERS BRING ME DATA.

2 pensamientos en “El gasto sanitario público por habitante en España

  1. Pingback: Tras la Subasta hospitalaria empieza la cuenta atrás para Atención Primaria y Ohio calienta motores. « LA VOZ DEL HULP

    • Tienes mi blog a tu disposición para concretar que datos te parece que no son adecuados y qué otros datos te parece a ti que deberían considerarse. Sin insultar. Citando fuentes solventes. Muchas gracias

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