Recortes (III): ¿en qué políticas públicas se ha producido un mayor recorte?

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En dos post previos veíamos la evolución del gasto de las Administraciones Públicas (AA.PP.) desde el comienzo de la crisis, según su clasificación económica (en qué se ha gastado) y orgánica (quién lo ha gastado). Ahora nos detendremos en su clasificación funcional, que nos indica a qué políticas públicas se ha destinado el dinero de todos; es decir, para qué se ha gastado.

Continuamos indagando dónde han recaído los recortes que tanto debate han suscitado en los últimos tiempos; y qué políticas se han visto perjudicadas por la necesidad de equilibrar el presupuesto de las Administraciones Públicas. Y, volvemos a tomar a 2007 como punto de partida, año que marcó el final de una era de bonanza económica y de alegría en el gasto público. Para este análisis, sin embargo, solo disponemos de datos hasta 2011, último ejercicio para el que la Intervención General de la Administración del Estado ha publicado las cuentas de las AA.PP desde la perspectiva funcional en base a la Contabilidad Nacional.

A qué se destina el dinero público

Antes de abordar la evolución del gasto público, merece la pena prestar atención a la “foto fija” del reparto en el último ejercicio del período en estudio. De esta forma nos haremos una idea respecto a qué dedica nuestro dinero el conjunto de las Administraciones Públicas. Del Gráfico 1 podemos concluir lo siguiente:

– El 37 por ciento de todo el gasto público va dirigido a la “protección social”, que comprende, básicamente, las pensiones y las prestaciones para los desempleados; y, otros grupos, como personas con alguna discapacidad o dependientes, que reciben la solidaridad del resto de los españoles.

– En segundo puesto se ubica la “sanidad”, con un 14%. Le sigue el gasto destinado al mantenimiento de los “servicios generales de las Administraciones Públicas” (13%). En este rubro se incluye el pago de los intereses de la deuda adquirida para financiar el desequilibrio de las cuentas de las AA.PP., partida que es, precisamente, la que más ha crecido como consecuencia del gigantesco déficit público sostenido a lo largo de los últimos años.

– El 12 por ciento del gasto es para “asuntos económicos”. Bajo este título se recoge, por ejemplo, una parte muy importante de la inversión pública en infraestructuras, así como las transferencias de fondos a otros agentes económicos, tanto para financiar sus gastos corrientes como sus inversiones (fundamentalmente subvenciones, aunque aquí no se incluyan todas las otorgadas por las AA.PP. a terceros).

– “Educación” acapara el 11 por ciento del gasto total; y el 14% restante se reparte entre el resto de las funciones.

Gráfico 1

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¿Y dónde están los recortes?

Entre 2007 y 2011, el gasto público del conjunto de las Administraciones Públicas creció en 67.119 millones de euros. Es decir,  16% (Tabla 1). Si obviamos el impacto del gasto en intereses de la deuda pública, que explica casi en su totalidad el aumento del coste de mantenimiento de los “servicios generales de las AA.PP”., las políticas que más han contribuido al incremento del gasto son, por este orden, la protección social, la sanidad y la educación. Estos tres apartados, que conforman el núcleo de lo que se ha dado en llamar “Estado de Bienestar” (y que se encuentran en el centro del debate sobre los recortes), explican el 80 por ciento del crecimiento del gasto en el período analizado.

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El aumento del rubro “protección social” se debe fundamentalmente, como hemos comentado, a la evolución del gasto en pensiones; mientras que en “sanidad” y en “educación” se produce, en buena medida, por el mayor gasto en remuneraciones a los asalariados públicos que prestan estos servicios y que constituyen su recurso fundamental (Gráfico 2)

Gráfico 2

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Casi el 14% se debe al estéril pago de intereses, consecuencia del sostenimiento de un elevado déficit público. Y, finalmente, el resto de las políticas exigieron 4.296 millones de euros más en 2011 que en 2007, lo que representa un poco más de un 6 por ciento del aumento total del gasto público en el período.

Se mire por donde se mire, no puede decirse que se hayan producido los tan contestados recortes; ni que las AA.PP hayan llevado a cabo el esfuerzo de austeridad que proclaman, porque gastan mucho más que al comienzo de la crisis. Y en eso las AA.PP se distinguen y se distancian de los ciudadanos a los que sirven y que con sus impuestos presentes y futuros están obligados a pagar la factura.

NOTA: la fuente de todos los datos utilizados son las cuentas de las AA.PP en base a la Contabilidad Nacional publicados por la Intervención General de la Administración del Estado, que se pueden encontrar en el link del segundo párrafo. Las cifras de gasto corresponden a los “empleos no financieros” elaborados de acuerdo con la metodología del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE).

El gasto sanitario público por habitante en España

El joven y activo tuitero Arturo Villa ( @ArturoGVilla ) se interesa por el gasto sanitario público por habitante y su comparación con el coste de un seguro privado de cobertura equivalente. Para ayudarle a encontrar la respuesta a su pregunta debo aclararle antes algunas cuestiones relativas a nuestro Sistema Nacional de Salud.

Primera. No es fácil trazar una línea de separación entre lo que suele entenderse como sanidad pública y privada. En realidad, nuestro Sistema Sanitario se ha construido sobre una amplia diversidad de formas de colaboración público privada, donde conviven el aseguramiento público con el privado y la prestación del servicio sanitario a través de medios propios de las diferentes administraciones con el recurso a servicios gestionados por organizaciones privadas. Todas estas modalidades de tienen en común que están sufragadas con cargo a los impuestos generales. Al ser ésta la fuente de financiación, pagan más quienes más ganan (dada la naturaleza progresiva de nuestro sistema fiscal), pero todos los ciudadanos “protegidos” (es decir, con derecho a la sanidad, que no incluye a todos) tenemos o deberíamos tener acceso a la atención sanitaria en igualdad de condiciones (salvo en el acceso a la prestación farmacéutica, donde recientemente se establecieron diferencias entre los ciudadanos dependiendo de su nivel de renta, adicionales a las que ya existían en virtud de la condición de activo o jubilado y de enfermo crónico o no, entre otras).

Así, por ejemplo, los funcionarios de la Administración General del Estado, sus cónyuges y los descendientes a su cargo, están cubiertos por diversas formas de mutualismo administrativo. Dichas mutualidades pagan el coste de la prima de un seguro privado por cuenta de los funcionarios mutualistas. Éstos pueden elegir periódicamente entre varias compañías se seguros privadas o bien pueden decidir disfrutar de la cobertura de su correspondiente servicio regional de salud. En su mayoría escogen la primera opción. Para más información sobre este particular se puede consultar la Memoria de la MUFACE.

Al resto de los ciudadanos no se nos ofrece la oportunidad de elegir y, siempre que tengamos derecho a la sanidad pública, gozamos de la cobertura de los diferentes servicios sanitarios regionales. Es lo que vulgarmente se conoce como la “Seguridad Social”, pese a que desde que se produjo la separación de fuentes de financiación entre la sanidad y las pensiones, hace más de una década, la prestación sanitaria no se financia con cargo a las cotizaciones sociales. Incluso dentro de lo que continúa denominándose de manera errónea “seguridad social”, se produce una intensa colaboración entre las administraciones sanitarias y la sociedad para la provisión del servicio sanitario, que existe desde siempre y que se ha intensificado en todas las Comunidades Autónomas (CC.AA) a lo largo de los últimos años, con independencia del color del partido político que gobierne. Esta colaboración público-privada se practica bajo una multiplicidad de modalidades de dispar forma jurídica y alcance. Van desde la concesión de la gestión de la prestación sanitaria a la población que reside en un ámbito geográfico determinado (es el caso del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe en Sevilla, del Hospital San Joan de Deu en Barcelona o de la Fundación Jimenez Díaz en Madrid) al recurso al sector privado para aligerar las listas de espera en el diagnóstico o la cirugía. En el siguiente cuadro, de elaboración propia, resumo una propuesta de clasificación de los diferentes tipos de colaboración público privada según si el sector público transfiere o no riesgo al sector privado.

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No hay ningún ámbito de la sanidad pública donde no se recurra de forma constante al sector privado. Pensemos, por ejemplo, en los hospitales gestionados directamente por las Administraciones Públicas: cerca de la mitad de su presupuesto se destina a retribuir a las empresas proveedoras de productos farmacéuticos y sanitarios, tecnología, suministros, etc.; y, desde hace muchos años, la mayor parte de los servicios no sanitarios (limpieza, desinfección, seguridad, transporte externo e interno, cocina, etc) están “externalizados”.

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Segundo. Como cifra de referencia de gasto sanitario público per cápita, me inclino por considerar, a los efectos de la duda que se plantea el Sr. Villa, el “Gasto sanitario público territorializado por habitante protegido”, que se refiere al gasto realizado por los diferentes servicios sanitarios regionales para atender las necesidades de la mayor parte de la población con derecho a sanidad pública (todos excepto los funcionarios cubiertos por el mutualismo administrativo que eligen un seguro privado sufragado con recursos públicos y algún otro colectivo como los miembros de la Asociación de la Prensa de Madrid que gozan de un régimen singular de doble cobertura financiada con los impuestos que pagamos el conjunto de los ciudadanos). En el ejercicio 2011, éste alcanzó los 1.380,9 euros, según la última actualización de los Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud publicada por el Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales

Tercero. La cifra anterior es una media ponderada (por el número de habitantes protegidos) de los diecisiete servicios sanitarios regionales que no puede llevarnos a ignorar las grandes diferencias que existen en el gasto público sanitario territorializado por habitante entre las CC.AA. Así por ejemplo, la diferencia entre la Comunidad que gastó más por habitante y la que menos, en 2011, fue de un 41 por ciento. Este aspecto debe ser tomado en consideración a efectos de resolver la duda que se plantea el inquieto Sr. Villa.

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Cuarto. El Sr. Villa no necesita hacer un estudio de mercado y analizar los precios de las diferentes compañías de seguros para cotejar el coste del aseguramiento público con el de un aseguramiento privado de equivalentes prestaciones. Ni siquiera tiene que salir del perímetro de lo que denominamos sanidad pública para hacer dicha comparación. Como he explicado en el apartado primero de este post, dentro de la propia sanidad pública hay un amplio grupo de la población protegida (los beneficiarios de las mutualidades administrativas) que ya está cubierto por pólizas privadas de precio conocido y comparable con el correspondiente a cada servicio regional de salud. Sí debe tenerse en cuenta, a efectos de este ejercicio, el diferente alcance de la prestación farmacéutica, por lo que recomiendo excluirla del análisis.

Confío en haber ayudado al Sr. Villa y en que este post le anime a seguir profundizando en la cuestión, sin olvidar, en ningún momento que si quiere llegar a algo aproximado a “la verdad” debe despojarse de cualquier apriorismo.

IN GOD WE TRUST. ALL OTHERS BRING ME DATA.